La autodeterminación de las personas transgénero encarceladas acerca de con qué género quieren ser catalogadas debería ser la regla para la gestión por parte de la administración penitenciaria, aunque luego haya que ajustarla para garantizar la seguridad de todos, según el Consejo de Europa.
Esta cuestión centra el informe anual, publicado este jueves, del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, un órgano encargado de la supervisión y la evaluación de los centros con personas privadas de libertad en los 46 países miembros, después de haber estudiado la situación de las personas trans encarceladas.
Amparándose en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, recuerda que las legislaciones de los países no deberían exigir ninguna condición previa (como una operación) para el reconocimiento jurídico de un género distinto del atribuido al nacimiento a cada persona, si así lo decide.
Garantizar la seguridad
Y en el caso de un interno, debería traducirse en que “si una persona se identifica como transgénero durante el procedimiento de admisión en prisión, eso debería bastar para que la prisión la trate como tal en todas las decisiones que le incumban”.
Eso significa que en principio sea su elección de género la que determine si van a un módulo de hombres o de mujeres.
El CPT lamenta que en los últimos tiempos la atención de los medios y de los políticos haya derivado hacia algunos casos en los que se había ubicado en módulos de mujeres a mujeres transgénero acusadas o condenadas de delitos sexuales contra otras mujeres encarceladas.
Sobre ese punto, sus expertos hacen notar que los Estados tienen la obligación, en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de garantizar la seguridad de todas las personas que están en prisión.
Evaluación equilibrada del riesgo
En concreto, hay que hacer “una evaluación equilibrada de los riesgos individuales” cada vez que entra en prisión una persona trans como hay que hacerla cuando ingresa otra que no lo es.
Se trata de proteger “lo más eficazmente posible a la persona encarcelada contra cualquiera que pudiera querer causarle daño y limitar el riesgo de que se la sitúe en un lugar en el que causara daño a otras personas”.
El CPT insiste en que “por principio, las personas transgénero deberían ser internadas en el módulo de la prisión que corresponda al sexo con el que se identifiquen” y, si después de una evaluación individualizada de riesgos hay “razones excepcionales” por motivos de seguridad u otros, “deben estar claramente documentados y ser objeto de un examen regular”.
Y en caso de que vayan a un módulo separado de la prisión, se les tienen que proponer actividades y la posibilidad de pasar tiempo con internos del sexo con el que se identifican.
Situación de vulnerabilidad
El órgano antitortura del Consejo de Europa afirma que “está demostrado” que las personas trans, al igual que los miembros de la comunidad LGBTI que se encuentran detenidos. “se encuentran en una situación general de vulnerabilidad, expuestas al riesgo de ser objeto de intimidaciones y abusos por parte de otros detenidos y por el personal penitenciario”.
Sin dar detalles, asegura que durante sus visitas a varios países ha comprobado que hay mujeres transgénero en módulos de hombres que declaraban que no se sentían seguras y que en algunos casos habían sido víctimas de abusos sexuales y agresiones por parte de otros internos.
También se ha encontrado que algunas de estas mujeres se quejaban de que no les permitían ducharse a horas distintas de las de los hombres, que se las humillaba, que se dirigían a ellas con sus nombres masculinos o que se les prohibía vestirse con ropa de mujer.