La policía norirlandesa se ha visto obligada a archivar cientos de casos relacionados con los años del terrorismo del IRA tras la plena entrada en vigor este miércoles de la Ley de Legado y Reconciliación en el Reino Unido. Una norma aprobada el pasado septiembre en el Parlamento británico y que contempla la amnistía de los miembros del Ejército británico y de grupos paramilitares que aporten información sobre los crímenes cometidos durante los años de violencia sectaria en Irlanda del Norte. La oficina del Defensor del Pueblo calcula que más de 300 casos dejarán de ser investigados, a pesar de las críticas de las asociaciones de víctimas.
El Gobierno ha dado margen hasta abril del próximo año para concluir las investigaciones en estado más avanzado –cerca de un centenar–, pero ha cerrado la puerta, a partir de este miércoles, a otras pesquisas menos desarrolladas o que todavía no se hayan iniciado. “Estoy escribiendo personalmente a las familias cuyas investigaciones no avanzarán, expresándoles mi pesar. Sé que estarán profundamente decepcionadas y angustiadas”, ha asegurado esta semana la Defensora del Pueblo de la policía de Irlanda del Norte, Marie Anderson, a través de un comunicado.
Ley polémica
La Ley de Legado y Reconciliación ha sido objeto de polémica desde que fue presentada en el Parlamento británico en 2021, con Boris Johnson como primer ministro. Además de las asociaciones de víctimas, su aprobación ha sido criticada por los principales partidos en Irlanda del Norte, así como las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos y por el Gobierno de Irlanda, que ha iniciado un proceso judicial contra el Reino Unido ante el Tribunal de Estrasburgo, alegando que la norma va en contra del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Tan sólo las principales asociaciones de veteranos del Ejército británico han celebrado la aprobación de la ley, que dejará en manos de la recién creada Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información (ICRIR, en sus siglas en inglés) la investigación de los casos a partir de ahora, sin consecuencias penales. Bajo la nueva ley, sólo podrán ser juzgadas las personas que ya se encuentren con procesos judiciales abiertos o que hayan sido condenadas.
Críticas al Gobierno
El Gobierno británico ha sido acusado de tratar de proteger a las fuerzas de seguridad implicadas en el conflicto. Una práctica que se ha llevado a cabo de forma “generalizada y sistémica”, según un informe publicado esta semana por el Centro Noruego de Derechos Humanos, que destaca las “flagrantes deficiencias” de un sistema que “protegió a los soldados en la asunción de responsabilidades por la violencia de Estado”. Cerca de 30.000 miembros de organizaciones paramilitares unionistas y republicanas han sido encarcelados por delitos relacionados con la violencia en Irlanda del Norte, pero muy pocos militares y policías han rendido cuentas ante la justicia hasta ahora. Los responsables de la investigación piden la derogación de la ley y alertan de que no hacerlo supondrá un “daño reputacional” para el Reino Unido a nivel internacional.
Se calcula que cerca de una tercera parte de los más de 3.500 asesinatos cometidos en los años de los ‘Troubles’, entre 1968 y 1998, todavía no han sido resueltos. Pero el Gobierno insiste en que la nueva ley es la mejor forma de aclarar lo ocurrido debido a las dificultades para demostrar los hechos ocurridos durante ese período más de 25 años después de la firma del Acuerdo del Viernes Santo.
A pesar de que la aprobación de la norma ha generado nuevas tensiones con el Gobierno de Irlanda, el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, se ha mostrado confiado en poder superar las diferencias con el país vecino. “Me gustaría pensar que nuestra relación es lo suficientemente fuerte como para hacer frente a todas esas cuestiones”, ha asegurado esta semana tras un encuentro en Londres con el viceprimer ministro irlandés, Micheál Martin.