El uso de la inteligencia artificial (IA) sigue conquistando espacios y la justicia no iba a ser una excepción. Mientras esta herramienta se consolida en los despachos de abogados, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ,viene aludiendo en sus últimas intervenciones públicas al uso de los nuevos sistemas de generación de contenido para la tramitación por su departamento de asuntos basados en criterios objetivos, como puede ser la tramitación de nacionalidades, la cancelación de antecedentes penales o incluso indultos y revisión de medidas de tutela.
Hace un mes, en la Universidad de Deusto, el titular de Justicia habló de “superar los prejuicios” y mencionó también una aplicación que permite traducir las sentencias” a un lenguaje que sea más comprensible para personas que no son juristas”. El inminente uso de los nuevos sistemas ha puesto en alerta a los jueces, que advierten de la necesidad de que estas nuevas tecnologías cuenten con controles y supervisión suficientes.
Así lo señalan en las conclusiones de las jornadas que las juezas y jueces decanos de toda España han celebrado esta semana en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde entre el miércoles y el viernes pasado han tratado los asuntos que más preocupan en el día a día de los juzgados españoles. En concreto, han manifestado su “preocupación” ante la escasa regulación de la inteligencia artificial a través de las denominadas “actuaciones asistidas”, que permitirán generar borradores de resoluciones judiciales.
Los jueces consideran que “debería regularse esta materia de modo específico con arreglo a la normativa comunitaria por tratarse de sistemas de alto riesgo que pueden afectar a derechos fundamentales“, y que además ” deben contar con un régimen jurídico riguroso en cuanto a su control, supervisión y transparencia”.
Todos estos aspectos y las novedades que sin duda introducirá la IA en la justicia en los próximos años han quedado fuera del paquete de medidas urgentes “para garantizar la digitalización inminente de la Administración de Justicia aprobadas por el Gobierno”, vía Real Decreto, el pasado mes de diciembre. La reforma obliga además a que las vistas y juicios telemáticos en los juzgados españoles pasen a ser la norma, y no la excepción, algo para lo que según los jueces decanos en cada territorio no están aún preparados los juzgados españoles.
La denominada “eficiencia digital”, señalan los jueces decanos, se ha regulado “obviando la realidad tecnológica de los juzgados de este país”. A pesar de que en los últimos cuatro años se ha avanzado significativamente, reconocen, el resultado es desigual dependiendo de quien ejerza las competencias autonómicas en cada comunidad “y aun dentro de cada territorio”.
Texto deficiente y con contradicciones
La mayoría de las conclusiones pactadas en el encuentro en Jerez se refieren al contenido de este real decreto, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, y que se realizó sin escucharles, según lamentan. “La reforma ha sido precipitada y el resultado ha sido un texto con deficiente técnica legislativa, que confunde términos jurídicos y contiene contradicciones”.
Apuntan que los cambios impulsados por el departamento de Bolaños se inspira en los proyectos de leyes de eficiencia de su antecesora en el cargo Pilar LLop, y en las enmiendas incluidas durante su paso por las Cortes en la anterior Legislatura, “pero como solo toma parte de los mismos el resultado es un texto inconexo, un puzzle cuyas piezas no encajan”.
Los jueces reconocen que la “precipitación” de la reforma podría encontrar su justificación en la urgencia de los plazos para la obtención de los fondos europeos, pero lamentan que no se haya acompañado de una memoria económica, ni de previsión ni dotación presupuestaria alguna.
Más desigualdad
Sin las inversiones necesarias, auguran aquellos que deben hacer cumplir las leyes en nuestro país, hay riesgo de que se consolide una justicia “de dos, tres o infinitas velocidades, de modo que la plenitud del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dependerá del territorio donde el ciudadano impetre la actuación judicial ahondando en las desigualdades”.
Para rematar su diagnóstico, acuden al la introducción del artículo 258 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula la presencia telemática de acusados, testigos y peritos en las vistas y juicios. Para poder implementarlo, además de dinero, será necesario ampliar las sedes judiciales, que son las que los jueces consideran únicos “puntos seguros de acceso” para la realización de estos trámites.