Pedro Sánchez ha justificado su continuidad en el Gobierno para impulsar un plan de regeneración democrática y avanzar en “derechos y libertades” después de la campaña de “acoso” a él y su familia, especialmente a su mujer, Begoña Gómez. Ante la falta de concreción y de propuestas en este sentido tras dejar al país durante cinco días en vilo, varios de los socios parlamentarios se han apresurado en aprovechar el debate abierto para exigir medidas efectivas y arrastrar al Gobierno hacia posiciones a las que se resistía. Desde modificaciones legales para desbloquear la renovación Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP, a través de una rebaja las mayorías parlamentarias necesarias para ello, hasta una Ley de Medios, regular el reparto de publicidad institucional o derogar la denominada ley mordaza.
Todos los caminos para rellenar de contenido el anunciado compromiso “de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia” llevan al ministerio de Presidencia y Justicia. La cartera dirigida por Félix Bolaños tiene pendiente de desarrollar un plan contra la desinformación y diferentes iniciativas encaminadas a “modernizar” y “democratizar la justicia”. Un marco que ahora los socios buscan ensanchar y que el propio Gobierno podría aprovechar para dar un salto cualitativo en la agenda prevista.
A todo ello se suma a la renovación pendiente del CGPJ, que ante los fracasados intentos de pactarla con el PP ya dejó abierto cierto margen de maniobra en el acuerdo de coalición con Sumar para “garantizar el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”. Una redacción pretendidamente ambigua que alimenta las sospechas de la oposición.
Desde el Gobierno se ha descartado reiteradamente la opción de recuperar la propuesta para rebajar las mayorías. Una vía a la que ya se opuso la Comisión Europea. Lo que sí puso sobre la mesa Pedro Sánchez, antes de reabrirse las negociaciones con el PP, fue la amenaza de quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. No para asumirlas el Gobierno, según fuentes del ministerio de Justicia, como han demandado los socios de coalición, sino más en línea con el plan Guilarte. El presidente en funciones del CGPJ remitió la pasada semana una propuesta al Congreso para “limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad”.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado sus sospechas sobre que el presidente del Gobierno pretenda poner en marcha una agenda de reformas legislativas, como el cambio de mayorías para elegir a los vocales. “Quiere colar un cambio de régimen por detrás de toda esta obra de teatro”, denunció en una comparecencia aun sin querer entrar en “elucubraciones” sobre cómo se sustanciaría.
“Lawfare”
Entre las medidas incluidas en el programa de coalición, y que ahora Sumar ha urgido a “cumplir íntegramente e ir más allá”, se encuentra un plan de modernización de la Justicia con propuestas para su “democratización”. Todas ellas poco sospechosas de alentar un “cambio de régimen”, como ha alertado el presidente del PP, pero que ahora servirían como guía para profundizarse. Así, en el programa electoral del PSOE se incluía el compromiso para “facilitar el acceso democratizador a las profesiones jurídicas, lo que hace que nuestra Justicia sea más parecida a la sociedad diversa y plural de nuestro país”. En el acuerdo de gobierno se concretaba como “un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”.
El debate sobre la justicia, con las insinuaciones de ‘lawfare’ lanzadas por los socialistas durante estos días tras la investigación judicial abierta contra Begoña Gómez, se ha espoleado también con el marco de la “guerra sucia”. De forma indirecta en la carta del presidente del Gobierno y de forma directa en manifiestos promovidos por cargos institucionales socialistas. Incluso la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuestiona el papel de los jueces al realizar la pregunta de si “¿Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?”.
Estrategia contra los “bulos” y mordaza
El marco legislativo para la lucha contra los “bulos” se enmarca en el Plan de Acción contra la Desinformación creado en 2018, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. En esta línea, los socialistas se comprometieron en su programa en culminar la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación. Desde el Ejecutivo vienen situando la desinformación como una amenaza global que afecta a la democracia, con apelaciones directas a periodistas y medios para difundir información contrastada y confiable.
El plan del Gobierno, en el que entre otros organismos implica a la Secretaría de Estado de Comunicación, buscaría “atajar la desinformación, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático”. En esta línea, el programa electoral de los socialistas se comprometía a impulsar “planes de acción y de seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas y los valores comunes y para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad”.
Ley denominada ley mordaza, con una fuerte oposición de todos los sindicatos policiales, es otra de las reformas incluidas en el programa de coalición y pendientes de desarrollar. En la pasada legislatura decayó por la falta de acuerdo con ERC y EH Bildu, que tildaron los cambios de insuficientes por no prohibir el uso de pelotas de goma a los antidisturbios o las devoluciones en caliente. El acuerdo de Gobierno vuelve a obviar estas exigencias para centrarse en derogar “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión” y la inclusión de “un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados”.